miércoles, 6 de julio de 2011

Congreso intenta evitar ejecución de mexicano sentenciado por asesinato en Texas

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El Mundo
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Humberto Leal, mexicano, está sentenciado a muerte en los Estados Unidos. De no ser fructífero el esfuerzo que hoy hace la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Leal morirá mañana en Texas.

Luis Alberto Villarreal (PAN), presidente de la comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, está impulsado un acuerdo “urgente y de obvia resolución” para evitar así la muerte del mexicano, quien fue condenado por violación y asesinato en 1994.

El Universal lo reportó así:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizará hoy un último esfuerzo “urgente” para salvar la vida al connacional Humberto Leal, quien está condenado a muerte para mañana jueves en Texas, Estados Unidos.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Luis Alberto Villarreal (PAN), impulsa un punto de acuerdo ante la permanente, “de urgente y obvia resolución” para sumarse a las voces internacionales -entre ellas de la ONU- que han pedido suspender la ejecución del mexicano y se realice un nuevo juicio en apego al derecho internacional.

De esta forma, el Congreso mexicano haría un último llamado para evitar la muerte de Leal.

El punto de acuerdo que debería ser aprobado hoy para que tenga efecto, está agendado en la Gaceta Parlamentaria.

El senador panista recuerda en su exposición de motivos que Humberto Leal García, ciudadano mexicano originario de Monterrey “fue condenado por violación y asesinato en el Estado de Texas en el año de 1994 y cuya fecha de ejecución está programada para el próximo 7 de julio de 2011”.

Entre las irregularidades en su proceso, señala que no se le dio acceso a la asistencia consular a la que tenía derecho como ciudadano extranjero, según el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

“En enero de 2003, México presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una demanda contra Estados Unidos en la que argumentó la violación de los derechos de 51 ciudadanos detenidos, procesados y sentenciados a muerte, sin que se respetara su derecho a ser auxiliados por las autoridades de su país.

“La CIJ analizó la demanda y dictaminó en marzo de 2004 ordenar a Estados Unidos la suspensión de las penas de muerte y la revisión de 51 casos, luego de certificar que sus derechos como extranjeros habían sido violados. El 5 de agosto de 2008 fue ejecutado, también en Texas, José Ernesto Medellín Rojas, quien estaba incluido en esa lista”, señala el documento.

Villarreal señala que en su momento la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que no era aplicable en su territorio el fallo de la Corte Internacional, porque no había una legislación interna al respecto.

“El Senador Patrick Leahy (D-VT), Presidente del Comité de Asuntos Judiciales, introdujo el pasado 24 de junio la “Consular Notificaction Compliance Act” con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia del Caso Avena y de proteger los derechos de los ciudadanos extranjeros acusados de crímenes capitales; sin embargo, dicha iniciativa aún no ha sido votada.

“Por otro lado, el 24 de julio de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que Estados Unidos violó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre contra Leal García y otras personas, con respecto a los juicios penales que derivaron en la imposición de la pena de muerte. Entre otros aspectos, la CIDH determinó que EEUU incumplió su obligación, bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de informar a las víctimas de su derecho a notificación respecto a asistencia consular”, dice el texto.

El senador por Guanajuato refiere que el pasado 28 de junio, el gobierno mexicano, utilizando el recurso Amicus curiae (Amigo de la Corte) y los abogados defensores, presentaron ante la Suprema Corte de los EEUU una solicitud para suspender la ejecución, y “no permitir que Texas descarte los derechos constitucionales” del ciudadano mexicano, ya que consideran que el derecho de Humberto Leal García de hacer la notificación consular al gobierno mexicano, el cual le hubiera brindado abogados calificados y con experiencia, no le fue brindada, hecho que viola la Convención de Viena de 1963, sobre derechos consulares.

De igual manera se apela a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de 2004, la cual dictaminó que 51 mexicanos condenados a muerte en EEUU tenían derecho a una revisión judicial de sus casos ya que al momento de su detención no fueron informados de su derecho a la asesoría consular.

El legislador recuerda que el primero de julio pasado el Gobierno del Presidente Obama presentó un escrito de Amicus curiae en apoyo a la solicitud de que se suspenda la sentencia, asociado al recurso de revisión iniciado por la defensa, a fin de no incurrir “en la violación irremediable del derecho internacional”.

Dicha petición fue interpuesta por Donald Verrillis, Representante Legal del Gobierno de EU.

“También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los gobiernos de Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza, así como diversas organizaciones no gubernamentales se han sumado a esta solicitud.

“El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias y Arbitrarias, Christof Heyns y el Relator Especial sobre Tortura, Juan Méndez, también pidieron detener la ejecución del mexicano, ya que la ejecución constituiría “una privación arbitraria de la vida””.

Sin embargo, el senador lamenta que el Estado de Texas, tiene la intención de proceder con la ejecución.

El resolutivo que se podría considerar un último llamado a detener la ejecución es el siguiente:

“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se suma a la petición que han realizado los gobiernos de Mexico, Estados Unidos, Brasil, El Salvador, Honduras y Suiza, así como diversos organismos internacionales, incluyendo a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que el Gobernador del Estado de Texas, Rick Perry y la Suprema Corte de Justicia de los EEUU suspendan la ejecución del mexicano Humberto Leal García, programada para el 7 de julio de 2011 y se realice un nuevo juicio, en apego al Derecho Internacional y a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.