viernes, 22 de julio de 2011

Denuncian supuestos sobornos de Google a jueces argentinos

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El Mundo
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El viernes pasado comenzó a circular en varios medios argentinos una noticia vinculada a la denuncia realizada por el abogado Adolfo Leguizamón contra Google Argentina. El motivo: supuestos sobornos a jueces responsables de causas iniciadas por daños y perjuicios contra artistas locales, quienes reclaman que los resultados del buscador asocian sus nombres a contenidos pornográficos.

Informa Así: Fayerwayer

Los jueces acusados de haber recibido dádivas por parte de Google son Patricia Barbieri y Ana María Brilla, magistradas de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires. También Ricardo Guarinoni y Santiago Kiernan, jueces de la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial Federal de esta misma ciudad. La investigación iniciada intentará determinar si alguno de estos jueces resolvió expedientes relacionados con las causas que lleva Leguizamón contra Google de Argentina, en beneficio de esta empresa, cooptados por sobornos en dinero u otro tipo de mercancía.

El abogado querellante Adolfo Leguizamón trabaja desde hace más de 15 años con agencias de modelos y celebridades argentinas con alta exposición como Diego Armando Maradona, Susana Giménez, Nicole Neumann y Julieta Prandi entre otras destacadas. Su nombre comenzó a recibir exposición pública a partir de un fallo a favor obtenido por una medida cautelar presentada por el futbolista Diego Maradona y su familia que obligaba a Google y Yahoo! a retirar todo tipo de enlaces y resultados que vincularan a los demandantes con sitios pornográficos.

Los abogados de Google consultados acusan a Leguizamón de haber montado una industria del juicio en torno a estos casos, argumentando que existen patrones de conducta que demostrarían que el procedimiento realizado en cada caso y las presentaciones  ante la Justicia estarían planificados y estructurados de manera idéntica.

Al momento de conocerse el fallo favorable a Diego Maradona, Google declaró que “es imposible controlar los contenidos de todas las páginas” y definieron el accionar del abogado querellante como un “modus operandi, donde el monto que se solicita como daño siempre oscila entre los 300 y 400 mil pesos” (entre 70 y 100 mil dólares).

Además de figuras artísticas, el estudio que dirige ha manejado los casos de la jueza Servini de Cubría, y de clientes sin exposición pública, como una profesora de inglés y un empresario chaqueño que reclamaban a Google quitar los resultados que mostraban sus nombres por haber recibido comentarios injuriosos contra su persona en internet.

Leguizamón sostuvo prácticamente todos sus casos (presentó 108 demandas contra Google y Yahoo! desde 2006) sobre el argumento de que el buscador posee herramientas para bloquear páginas pero no lo hacen, y eso es lo que ellos solicitan, el bloqueo de los sitios que afectan la imagen de sus clientes a través de filtros de contenidos o desindexación.

La denuncia de Leguizamón se basa en la supuesta entrega de sobornos a los camaristas a cambio de fallos favorables a Google. El argumento y base de la denuncia se apoya en una supuesta reunión en la que habrían participado los magistrados en las oficinas de Google de Puerto Madero (Ciudad de Buenos Aires) el 1 de septiembre de 2009. Según el fiscal a cargo de la causa, Leguizamón comenta en su denuncia que “le pidió a un conocido suyo si su hijo podía filmar o registrar la situación” donde quedó registrado el ingreso de un ómnibus que traslado a los funcionarios a las oficinas de Google, donde dice reconocer a dos magistrados, aunque ninguno de ellos es alguno de los nombrados en su denuncia. Lo que no aclara el fiscal interviniente es el motivo por el cual Leguizamón estaba al tanto de la llegada de ese ómnibus a las oficinas de Puerto Madero.

Ahora la Justicia requerirá que la División Delitos en Tecnología de la Policía Federal realice un peritaje del video presentado por el denunciante para verificar si existe algún tipo de adulteración de los contenidos y de obtener imágenes de calidad de los rostros de las personas para identificarlas.

Los representantes de Google Argentina informaron a través de un comunicado su posición respecto a la situación:

El Dr. Leguizamón representa a más de 100 personas del ambiente artístico y deportivo local que han iniciado juicios contra contra Google. Algunos de estos casos datan del 2006 y desde entonces se han dictado un sin número de decisiones judiciales, muchas de ellas contrarias a Google. Después de años de litigio, Google ha ganado una serie de casos, como Krum y DaCunha, en armonía con la legislación y jurisprudencia internacional.

Con respecto a la visita de los magistrados a las oficinas de Puerto Madero, informaron que fueron realizadas a través del “Programa de Visitas de Jueces a Empresas”, dentro del marco del programa de Capacitación de Jueces de AMCHAM (Cámara de Comercio de los Estados Unidos). Este programa es elaborado en conjunto con la International Judicial Academy con el objetivo que los magistrados  conozcan cómo funcionan los negocios de la alimentación, las telecomunicaciones, Internet y el entretenimiento, entre otras industrias.

Esto también generó un debate en torno a la figura jurídica de los buscadores y el marco dentro del cual debería permitirse o no a este tipo de empresas vincular contenidos con resultados de búsqueda. Que Google quite de sus resultados los links a sitios o los dé de baja de su index afectaría de cierta manera la libertad de expresión. La discusión no debería centrarse en si los culpables son los resultados que vinculan sitios que afectan la moral y buenas costumbres o perjudiquen la imagen de una figura pública, sino focalizarse en crear herramientas y entidades auditoras de los generadores de estos contenidos.