viernes, 19 de agosto de 2011

Presentarán ante la CIDH el caso de 8 mapuches detenidos en Chile por terrorismo

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El Mundo
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El caso de unos 8 activistas mapuches que se encuentran encarcelados en Chile, por supuestos delitos de terrorismo, será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que se ha cometido irregularidades en sus procesos judiciales.

Elcomercio.com  

La CIDH anunció hoy que ha presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de varios dirigentes mapuches condenados en Chile por delitos “terroristas”, al considerar que hubo “irregularidades” que afectaron el debido proceso y “discriminación” por la forma en que se consideró su etnia.  

El caso, presentado el pasado 7 de agosto, afecta a los dirigentes y activistas mapuches Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Patricia Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe.  

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se tomó la decisión de llevar este caso a la Corte IDH al considerar que el Estado chileno “no cumplió con las recomendaciones” efectuadas por el organismo cuando emitió su informe de fondo sobre el mismo y por lo tanto se produjo una “violación de derechos humanos consagrados en la Convención Americana”.  

Para la CIDH, los dirigentes mapuches fueron “procesados y condenados con base en una normativa que adolece de una serie de ambigüedades”, las cuales “permitieron la calificación de las conductas imputadas como delitos terroristas tomando en consideración el origen étnico de las víctimas y su calidad de lonkos, dirigentes o activistas del pueblo indígena mapuche”.  

A la hora de condenar a las víctimas, las autoridades judiciales chilenas “se basaron en una representación de un contexto denominado como el ‘conflicto mapuche'”, señala la CIDH, por lo que los magistrados no realizaron “distinciones” entre los actos de violencia que han protagonizado algunos grupos “minoritarios” en esta disputa y el “contexto más general de reivindicaciones legítimas del pueblo indígena”.  

Por tanto, para la CIDH esta “invocación de la pertenencia y/o vinculación de las víctimas al pueblo indígena mapuche constituyó un acto de discriminación mediante el cual se criminalizó, al menos en parte, la protesta social de miembros del pueblo indígena mapuche”.  

La CIDH manifestó su esperanza de que la Corte IDH podrá con este caso “definir estándares en materia de igualdad y no discriminación, en un supuesto novedoso en la jurisprudencia del sistema interamericano como es el de la aplicación selectiva de un marco legal a un grupo incluido en la cláusula de no discriminación consagrada en la Convención Americana”.  

Los mapuches, la principal etnia indígena del país, demandan autonomía y tierras para su pueblo, reconocido como nación independiente por España y Chile hasta el siglo XIX.  

La crisis entre los mapuches y el Estado no ha podido ser eludida pese a que desde 1990 las autoridades entregaron o regularizaron medio millón de hectáreas de propiedad a los indígenas. Las largas huelgas de hambre protagonizadas por mapuches condenados por casos de “terrorismo” han saltado a los titulares de Chile de manera recurrente en los últimos años.