domingo, 4 de septiembre de 2011

Máximo tribunal de Venezuela asegura que un fallo internacional debe adecuarse a la Constitución

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El Mundo
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“No podemos aceptar sentencias que violen nuestra Constitución”, dijo la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Luisa Estela Morales, en relación a una próxima decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la legalidad o no de la inhabilitación política que sufre el exalcalde Leopoldo López.

El Universal


La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, sostuvo hoy que ninguna norma, incluso aquellas suscritas por el país a través de tratados internacionales, está por encima de la Constitución, en alusión al caso del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, y la sentencia que se espera conocer en los próximos días emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

La magistrada dio a entender que cualquier decisión emanada de la Corte no sería vinculante, al destacar que las decisiones de organismos internacionales “no invalida para nada” la acción del Estado venezolano y su Constitución.  

La interpretación que debemos dar a la norma es siempre pasando por el tamiz de que esos convenios y tratados internacionales deben ser revisados por la interpretación de la Constitución“, dijo durante el programa José Vicente Hoy, que transmite Televen.  

“Indudablemente que la interpretación de los derechos humanos hoy es diferente, hay que revisarla, no es la misma de los años 60, estamos hablando de derechos que van mucho más allá (…) están desarrollados con una visión más profunda y social y los tratados casi todos fueron firmados en épocas anteriores. En Venezuela la materia de derechos humanos está más desarrollada y las ejecutorias se han visto con más fuerza que en épocas anteriores”.  

López fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de tres años que comenzó a cumplir a partir de noviembre del 2008 porque ser quien gestionó un préstamo para el partido en el que militaba entonces Primero Justicia de parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).  

Posteriormente, López fue sancionado de nuevo por la Contraloría por el desvío de recursos que fueron destinados al pago de bomberos, maestros y policías y a gastos de alumbrado público. En los próximos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará a conocer la decisión tomada sobre el caso.  

Al revisar la situación actual y el futuro inmediato que le aguarda al país, la magistrada señaló que los venezolanos no están en medio de una crisis sino en un proceso de cambio. “Creo que estamos dejando atrás una situación que debíamos dejar hace mucho tiempo y abriendo paso hacia un futuro diferente, las instituciones lo debemos ver así, con un optimismo racional en el sentido que estamos acercándonos más al equilibrio de las fuerzas y grupos debe asentarse en algún momento”.   

Desestimó las críticas hacia el Poder Judicial que ha sido señalado de parcializado y político partidista. Asimismo cuestionó lo que llamó una “campaña” por la “transnacionalización” de la justicia, que consiste en acudir a organismos internacionales sin esperar o respetar los veredictos ya dados por la justicia nacional.  

“En muchas de las denuncias hechas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni siquiera se constata si el Estado venezolano ha respondido o no. Hay casos en que la justicia venezolana ya ha respondido y nuevamente son juzgados (…) en otros casos recurren a los órganos internacionales directamente como queriendo provocar una reacción externa”.  

Ante esto lo que se le plantea a las instituciones, y en específico al TSJ, según la magistrada “es la defensa de la soberanía, hay que defender la capacidad de juzgar los hechos que aquí ocurren”.  

Insistió en que el país es respetuoso de los acuerdos internacionales “siempre y cuando ellos respeten nuestra soberanía (…) No podemos aceptar sentencias que violen nuestra Constitución”.  

Vilipendiar para desestabilizar  

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia cuestionó una vez más la publicación del semanario 6to Poder al asegurar que el reportaje sobre las representantes del Poder Público de este medio se trataba de un hecho de desestabilización por tener como fin último el “desprestigio” de las autoridades del país.  

No dudó en señalar que es parte de una campaña de desestabilización en el país y que se fragua contra las Fuerzas Armadas y todas las instituciones del gobierno. “Es fácil de deducir que cuando se manipula la figura de una autoridad pública para generar odio al colectivo se está desestabilizando porque se busca desmejorar la figura de la autoridad”.  

Dijo que con el caso se buscó que jurídicamente la sanción fuese equilibrada y no hubiese un daño mayor. “La juez ponderó que con la medida cautelar de moderar las publicaciones de este diario bastaba y que no era necesario mantener el cierre”.  

Aclaró que no se trata de una aprehensión a la crítica sino un tema de derechos. “Soy gran lectora de artículos en los que se nos señalan hechos que podría constituir un error en el ejercicio del poder público, eso no ofende a nadie, (es diferente) si se hace para generar odio y la forma que se utiliza implica violencia de género”.