martes, 8 de noviembre de 2011

La Mesa de la Unidad considera que la Ley de Arrendamientos es “represiva” y viola los derechos de propiedad

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El Mundo
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La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) organismo opositor al gobierno venezolano,  fijó su posición sobre la ley de Arrendamientos de viviendas. Reconocen que es bueno regular los precios en un ambiente de escasez de viviendas y alta inflación, pero las tasas de incrementos no son realistas. Es una ley que protege al inquilino en detrimento del propietario. Es una ley “represiva, sancionadora y desequilibrada”.

El Universal

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) divulgó hoy sus observaciones a La ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos, a la cual, si bien le reconocen aspectos positivos, la califican como una ley “represiva, sancionatoria y desequilibrada, ya que aparentemente, protege más a los arrendatarios, en detrimento de legítimos derechos de los propietarios y arrendadores. Negativo no es que se reconozca la función social de la propiedad privada, sino que se violen los atributos del derecho de propiedad, al no permitírsele al dueño de un inmueble, el disfrute ni la disposición de ella“, finalizaron.

Para el equipo técnico que lleva la materia de viviendas, es positivo que haya normativas que eviten los abusos a lo largo de la duración del contrato de arrendamiento hasta la devolución del inmueble a su propietario, pero consideran negativo que esa protección se convierta en inmunidad en el cumplimiento de obligaciones ciudadanas y en irrespeto a los derechos de los demás, precisa un boletín de prensa.

La Unidad calificó como positivo que se regule el precio de los alquileres en un escenario de escasez de viviendas y alta inflación, al mismo tiempo que rechazó los insignificantes porcentajes de rentabilidad que se establecen, como consecuencia de la forma en la que se evalúan los costos, generando una merma sustancial en la oferta y golpeando directamente a las parejas jóvenes, ancianos, a las familias que se mudan a otra ciudad o a un sitio más seguro, y a un numeroso grupo de familias que no están en condiciones de adquirir una vivienda o no la encuentra.

Por otra parte, la Unidad insiste que aún queda por resolver el dilema de 50% de la población venezolana, que vive en barrios autoconstruidos donde el alquiler de viviendas sin contratos formales, es una práctica generalizada, afirmando que la posición ambigua de la ley, que sólo “protege” a los arrendatarios es injusta, no contribuye a la sana convivencia y es potencialmente generadora de mayores conflictos y violencia en estos casos.

“La única manera de resolver el problema de la especulación y el abuso, de ambas partes de un contrato de arrendamiento de vivienda, es con abundancia de oferta de viviendas para alquilar y para vender; y que eso solamente se logrará con un esfuerzo conjunto de Gobierno, Empresarios y pueblo, de manera consistente con el objetivo de superar el enorme desequilibrio actual entre la oferta y la demanda de alojamiento”, puntualizaron.