lunes, 12 de diciembre de 2011

Human Rights Watch protesta enérgicamente por reforma a la justicia que adelanta Colombia

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El Mundo
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José Miguel Vivanco, Human Rights Watch,

La preocupación de Human Rights Watch tiene que ver con el hecho que, al aprobarse la reforma, serían las fuerzas armadas y no el fuero civil quien juzgaría actos que cometan la policía en el ejercicio de sus funciones. Esto no garantizaría la imparcialidad de la administración de justicia. Alega HRW que dichos cambios -que están siendo discutidos en el Congreso colombiano- reformaría a la propia Constitución, sin advertirla.

El Tiempo

En una fuerte carta al Gobierno, la organización Human Rights Watch se declara “profundamente preocupadapor la reforma a la justicia que avanza en el Congreso y que ampliaría el fuero militar en Colombia.

Según HRW, de ser aprobada como está, la reforma no solo iría en contra vía de los estándares internacionales de derechos humanos sino que expondría al país a que casos como los ‘falsos positivos’ terminen siendo remitidos e investigados por la Corte Penal Internacional.

“Este artículo -que permitiría que casos de violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública sean conocidos por el sistema de justicia militar- contraviene directamente la jurisprudencia de los más altos tribunales de justicia de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se opone además a lo establecido por otros organismos internacionales de derechos humanos relevantes. Su aprobación revertiría gravemente los avances recientes logrados por Colombia para asegurar que se juzguen los abusos militares” dice HRW.

La carta fue dirigida al presidente Juan Manuel Santos, al igual que a cuatro ministros y la Fiscal, Vivianne Morales.

Según la misiva, dado que la reforma “prácticamente garantiza impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública, en última instancia, Colombia podría exponerse a la posibilidad de ser investigada por la Corte Penal Internacional, incluso, en relación con los casos conocidos como ‘falsos positivos’ (las muertes de civiles inocentes presentados por algunos miembros del Ejército como guerrilleros muertos en combate).

La carta está firmada por José Miguel Vivanco, director para las Américas de esta ONG estadounidense.

La Organización alega que la reforma se contrapone a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (CC), la Corte Suprema de Justicia (CS) y el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) de Colombia, que en reiteradas oportunidades han resuelto que el sistema de justicia militar no debería conocer casos de violaciones graves de derechos humanos.

Así mismo, dice Vivanco, también es contraria a los pronunciamientos y las decisiones de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.

El artículo 11 del proyecto de acto legislativo reformaría la Constitución, al disponer que todos los actos realizados por miembros activos de la fuerza pública durante operaciones se presumirán tener “relación con el servicio” y, por ende, estarán sujetos a la justicia penal militar

De acuerdo con HRW, la estructura misma de la justicia penal militar impide que pueda impartirse justicia de manera independiente e imparcial en casos de violaciones de derechos humanos. “La Comisión Interamericana ha señalado en varias oportunidades que por su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad establecidos en el artículo 8(1) de la Convención Americana… El sistema de la justicia penal militar tiene varias características singulares que impiden el acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial en esta jurisdicción…La naturaleza jerárquica de las Fuerzas Armadas, institución basada en una rigurosa cadena de mando, limita claramente la capacidad de militares activos o retirados de juzgar con imparcialidad a personas que anteriormente pertenecieron a la misma institución o actualmente forman parte de las mismas filas”, continúa el texto.

Además, dice, HRW el récord histórico de la justicia penal militar en Colombia muestra que no ha logrado que rindan cuentas quienes han violado los derechos humanos y tampoco se puede confiar en que remitirán los casos a la justicia ordinaria, como prevé el proyecto de ley.

“Su actual Ministro de Defensa ha defendido el mencionado proyecto asegurando que los tribunales militares remitirán los casos de violaciones de derechos humanos a la justicia penal ordinaria cuando existan evidencias de que se han cometido violaciones de derechos humanos. No obstante, por las mismas razones que no cabría confiar en que la justicia penal militar investigue y juzgue violaciones de derechos humanos, tampoco se puede esperar que remita los casos a la justicia ordinaria oportunamente para que se inicie una investigación penal adecuada”, dice Vivanco.

Respuesta de Gaviria

El presidente de la Cámara, Simón Gaviria, se pronunció sobre la carta de José Miguel Vivanco.

“En cuanto al  fuero penal militar, efectivamente se requiere mucho más que el simple artículo: un nuevo Código Penal Militar; se requiere inclusive pensar en una jurisdicción plena en lo que tiene que ver con el juzgamiento de los militares (…) Si hacemos las cosas bien, los temores de las organizaciones de derechos humanos se pueden disminuir de manera significativa. Para eso hay que discutir todo en bloque, pero hoy voy a votar positivo el artículo”, dijo.

SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal ELTIEMPO

Washington

Foto: lanuevaopcion.cl