viernes, 16 de diciembre de 2011

Para el Tribunal de Justicia de Venezuela no es delito trabajar tierras que son ajenas

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El Mundo
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Luisa Estella Morales, Presidenta del TSJ, Venezuela,

Llama la atención la sentencia pero viene de la máxima autoridad judicial del país. No son delitos las “invasiones” ni las posesiones “pacíficas” de bienes inmuebles, hechos que están contemplados en el Código Penal, para el caso de las actividades agrarias.

Así lo sostuvo Luisa Estella Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Texto y fotoEl Nacional

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales Lamuño, defendió ayer ­en un acto celebrado en el máximo juzgado de la República­ el fallo dictado la semana pasada por la Sala Constitucional, en el que se prohibió la aplicación de los artículos 471A y 472 del Código Penal, cuando se trate de conflictos devenidos de actividades agrarias.

Estos artículos constituían una rémora frente a lo que es el desarrollo de la Ley de Tierras, ya que consideraban que la intervención de un campesino dentro de la actividad agraria en tierras que no fuesen de su estricta propiedad pudiese constituir un delito”.

Las normas del Código Penal que se desaplicarán en el área agraria son las que establecen que son delitos las invasiones y las perturbaciones de posesiones pacíficas de bienes inmuebles.

“Lo que la Sala hizo fue despenalizarlo porque son miles los campesinos venezolanos que se encuentran en las cárceles por el sólo hecho de estar trabajando un lote de tierra sobre los cuales no tienen una titularidad“, explicó.

“Las declaraciones las ofreció la magistrada con el objeto de aclarar cualquier tipo de interpretación errónea de la sentencia”, se indica en la nota de prensa del TSJ.

Morales explicó que está amparada la propiedad legítima de las tierras de quienes trabajen sus terrenos, pero advirtió que las tierras ociosas no están protegidas.

Extralimitación. La Mesa de la Unidad Democrática hizo un llamado de atención a la opinión pública nacional e internacional “por la gravedad que implica para la institucionalidad democrática que la Sala Constitucional utilice sus facultades para eliminar etapas de los procesos aún no concluidos y para imponer decisiones vinculantes para todos los jueces, limitando, injustificadamente, la libre apreciación y aplicación judicial de las leyes”.

Advirtió la MUD que la sentencia es otra “palpable evidencia del activismo político que ha asumido el TSJ, al interpretar normas con un evidente sesgo ideológico y político que lesiona aún más la pérdida de la credibilidad en la independencia del Poder Judicial”.

Rechazó la nota informativa del TSJ del 10 de diciembre, en el 152° aniversario de la Batalla de Santa Inés, que le imprimió a la sentencia un carácter político.