sábado, 12 de mayo de 2012

En Brasil se constituye una Comisión para investigar los crímenes de la dictadura militar

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El Mundo
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Fue constituida en Brasil una Comisión de la Verdad, que tendrá como misión investigar los asesinatos y desapariciones que se produjeron durante los años de la dictadura militar, entre los años 1964 hasta 1985.

Esta comisión, integrada por 7 personas, tiene dos años para investigar y entregar su informe. El problema es que nada de lo investigue tendrá consecuencias judiciales para los responsables. Ello en virtud de un pacto constitucional que se llegó entre militares y civiles para garantizar la democracia.

Entonces, ¿tiene algún sentido realizar este tipo de investigaciones? A primera vista tal vez no. Pero será muy importante sobre todo para los familiares de los desaparecidos, que por fin podrían saber qué pasó con sus seres queridos. Podría ser una especie de catarsis de los años de incertidumbre.

La información de El País

Los fantasmas de la dictadura militar brasileña, que se extendió desde 1964 hasta 1985, van a empezar a ser conjurados. Con el nombramiento el jueves de los siete miembros de la Comisión de la Verdad, cuyo cometido es arrojar luz sobre las dos décadas de torturas y desapariciones, la presidenta, Dilma Rousseff, culmina un tortuoso proceso que empezó en 2009 su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y en el que ella —y varios de sus ministros— ha puesto su empeño personal para sacarlo adelante.

Las meras deliberaciones para elegir a los miembros de la Comisión han durado seis meses. Era un asunto espinoso. Todos los ojos, sobre todo de las familias de las víctimas de la dictadura, estaban puestos en la elección que hiciera. Debían ser personalidades no solo de indiscutible prestigio público, sino también de la máxima independencia. Los primeros elogios han llegado de los familiares de las víctimas; las críticas, por parte de los militares. Para el Ejército, la investigación sobre los crímenes de la dictadura quedó cerrada cuando hubo un pacto de amnistía entre ambos bandos para dar paso a la democracia.

La Comisión de la Verdad tendrá, a partir de ahora, dos años para hacer su trabajo y presentar un informe detallado de sus hallazgos. Pero nada de lo que encuentren tendrá consecuencias penales. La Constitución dejó sancionado que no podrían ser castigados los autores de los crímenes cometidos. Algunos de los torturadores siguen vivos a día de hoy y están protegidos por esa amnistía, que siempre ha sido vista con recelo desde la izquierda brasileña.

Entre los designados por la presidenta está la abogada Rosa María Cardoso da Cunha, que defendió a Dilma durante su etapa como guerrillera en la dictadura y a su exmarido, también guerrillero. Los otros seis integrantes de la Comisión son José Carlos Dias (exministro de Justicia del oposicionista expresidente de la República Fernando Henrique Cardoso); Gilsa Dipp, miembro del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y del Tribunal Superior Electoral ( TSE); Claudio Fonteles, exprocurador General de la República durante los Gobiernos del expresidente Lula da Silva; María Rita Khel, conocida psicoanalista; José Paul Cavalcante Filho, abogado y escritor; y Paulo Sérgio Pinheiro, actual presidente de la Comisión Internacional Independiente de investigación de la ONU para Siria.

La Comisión toma posesión el próximo día 16. A la ceremonia oficial de constitución de la comisión acudirán los expresidentes, José Sarney Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor y Lula da Silva. Según un portavoz de la Presidencia, esto demuestra que la Comisión no estará al servicio del Gobierno, sino que es un asunto de Estado.

Fotos: Reuters, latercera