miércoles, 30 de enero de 2013

Juez español impone multa de 8,1 millones de euros a Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres

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El Mundo
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El juez que investiga los supuestos desvíos de fondos públicos perpetrados por Iñaki Urdangarin, yerno del rey de España, y su socio Diego Torres, fue hoy particularmente duro con los inculpados.

De Urdangarin dijo que se aprovechó de su relación con la Casa Real para delinquir. Que uso como «gancho» su matrimonio con la infanta Cristina para sus negocios con Nóos.

El juez impuso una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros para Urdangarin y Diego Torres, que deben pagar dentro de los próximos cinco días, de lo contrario serán embargados sus bienes.

Por otro lado se debe destacar que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca decidió borrar el nombre del malecón que hasta hoy se llamaba de los duques de Palma, (Urdangarin y la infanta Cristina), para denominarse simplemente Rambla de Palma de Mallorca.

Hace algún tiempo también se informó que el rey Juan Carlos retiró de su página web a Iñaki Urdangarin.

Informa Rtve.es

El juez que investiga el supuesto desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos, José Castro, ha impuesto este martes una fianza de responsabilidad civil que supera los 8,1 millones de euros a Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, con el fin de que puedan devolver el dinero presuntamente defraudado en caso de ser condenados, como pedía la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el sindicato Manos Limpias.

En el auto, de 542 páginas, el juez les da un plazo de cinco días para pagar esta dinero entre los dos o bien abonando uno de ellos el importe total. Si no lo hacen, el magistrado les advierte de que «se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla».

El juez acusa al duque de Palma y yerno del rey de utilizar su matrimonio con la infanta Cristina como ‘gancho’ para sus negocios con Nóos y de tratar de «rentabilizar hasta donde fuera posible» su parentesco con la Casa Real, señala Servimedia.

El instructor cree que Urdangarin y Castro se unieron con el objetivo de rentabilizar «ante entidades privadas e instituciones públicas el área de influencia que, real o de obligada imaginación, se derivaba del parentesco del primero con la Casa Real, nacido de su matrimonio con la infanta doña Cristina».

Castro cree que ambos crearon la entidad con aparentes fines altruistas para evitar las suspicacias y poder acceder a financiación pública.

Indicios de seis delitos que podrían sumar 20 años de cárcel

El instructor considera que hay «más que suficientes indicios de criminalidad» en la actuación de Iñaki Urdangarin y Diego Torres. El juez cree que hay indicios sobre la comisión de hasta seis delitos que podrían acarrear al yerno del rey una condena de hasta 20 años de cárcel, según los cálculos de Servimedia.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca cree que Urdangarin y Torres pudieron cometer delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude a la Administración y prevaricación.

No obstante, el juez señala que ahora no es el momento procesal para determinar las distintas modalidades de participación de las demás personas investigadas en esta causa.

En cualquier caso, asevera en su auto que Urdagarin y Torres no son «los únicos criminalmente responsables» y ha reprochado en este contexto el papel que desempeñaron las administraciones públicas y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.

El caso Nóos, una pieza separada del caso Palma Arena, investiga el supuesto desvío de fondos públicos de hasta 6,1 millones de euros mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007.

La decisión del juez sobre la fianza se produce un día después de que el juez imputara al secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, tras los correos facilitados por el exsocio de Urdangarin y antes de que el duque de Palma tenga que declarar de nuevo ante el magistrado, el próximo 23 de febrero, por un presunto delito de fraude fiscal en el marco de la investigación.

Una imagen altruista para evitar suspicacias

El juez señala que el duque de Palma y su exsocio crearon la entidad porque si se presentaban mediante una compañía mercantil privada les estarían vedadas las opciones de acceder a financiación pública.

Al aparentar que no perseguían fines lucrativos, el instituto permitía además al duque de Palma y a su exsocio «rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas«, y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos públicos.

Castro considera además que los responsables de las administraciones públicas, de común acuerdo con los representantes de Nóos, tomaron decisiones administrativas «arbitrarias e injustas», que se adoptaron al margen de cualquier expediente administrativo para evitar obstaculizar la consecución ilícita de beneficiar a personas concretas.

Los convenios firmados con Nóos obviaron deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa, según el juez.

Foto: Pantalla video Rtve.es