domingo, 7 de abril de 2013

Empresarios contra Daniel Ortega por intentos de controlar elección de directivos de las telefónicas

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El Mundo
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Las cámaras empresariales de Nicaragua protestan contra la decisión del gobierno de obligar a las empresas telefónicas y de internet a someter ante el organismo regulador de las telecomunicaciones, Telcor, la aprobación de los nombramientos directivos de esas empresas.

Las dos cámaras principales de Nicaragua sostienen que «el Estado no tiene por qué inmiscuirse en la aprobación de los ejecutivos de ningún nivel de una empresa privada».

Hasta hoy el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega había mantenido una razonable convivencia con el mundo empresarial privado, según se informa. Pero ahora es la primera vez que esta especie de «luna de miel», estaría en peligro de romperse.

Informa El País

Tras una larga luna de miel que comenzó en 2007, cuando Daniel Ortega regresó al poder en Nicaragua, las dos principales cámaras empresariales de este país centroamericano han decido por primera vez oponerse abiertamente a una iniciativa del Gobierno sandinista. Se trata de una medida emitida por Telcor, institución reguladora de las telecomunicaciones, que obliga a someter a la aprobación del Gobierno el nombramiento de altos cargos directivos de las compañías telefónicas y de Internet “en función del bien público”, una decisión que los empresarios consideran violatoria de las leyes de este país y que afectaría tanto a Claro, de Carlos Slim, que tiene 66% del mercado, como a la española Telefónica, la segunda empresa de telecomunicaciones de Nicaragua.

La medida se conoció a finales de marzo, cuando el diario oficial del Gobierno, La Gaceta, publicó sorpresivamente la resolución administrativa 0005-2013, con la que Telcor informaba a las empresas de telecomunicaciones que operan en Nicaragua que a partir del 22 de marzo tenían 30 días para enviarle la información actualizada de su personal en cargos gerenciales, directivos, de seguridad e informática, así como la información de nuevos contratos, para que sean aprobados por esa institución.

“La iniciativa económica libre, la libertad de contratación, el principio de la economía mixta y un sinnúmero de disposiciones constitucionales están siendo violadas, porque el Estado no tiene por qué inmiscuirse en la aprobación de los ejecutivos de ningún nivel a una empresa privada”, dijo a este diario el experto en temas constitucionales Gabriel Álvarez. “La Constitución de Nicaragua protege la amenaza de los derechos civiles”, agregó. “Esta regulación es más digna de un Estado autoritario que de uno democrático”, dijo el experto.

La nueva normativa, que entró en vigencia desde que se publicó en el diario oficial, encendió las alarmas de medios de comunicación, empresarios y organizaciones civiles de Nicaragua, que ven en ella una posible violación al derecho de los ciudadanos de mantener la confidencialidad de sus comunicaciones. La Asociación de Internet de Nicaragua (AIN) exigió al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cámara empresarial del país, que demande al Gobierno la derogación de la resolución 0005-2013, porque “no tiene precedentes y lesiona los derechos de las Sociedades Anónimas, ya que es competencia exclusiva de la Junta Directiva de las empresas privadas nombrar a sus gerentes y directivos”.

Tanto el Cosep, como la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) anunciaron que no acatarán la medida porque viola las leyes nicaragüenses, afecta al clima de negocios y podría ahuyentar las inversiones.

José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo que ya solicitó al Gobierno de Ortega la derogación de la resolución administrativa, e informó que entre lunes y martes presentarán ante Telcor un recurso de revisión contra la medida. “Creemos que debe darse la derogación. Estamos apostando a esa situación, porque jurídicamente este acuerdo no es sustentable bajo ninguna circunstancia”, dijo Aguerri por teléfono. “No vamos a acatarlo, porque es una violación a la Constitución”, agregó.

Desde el Gobierno no ha habido un pronunciamiento oficial, pero el diputado José Figueroa, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dijo que las empresas que se sientan afectadas por la medida pueden recurrir por vías jurídicas “para hacer valer sus derechos”. Para el constitucionalista Álvarez, la Asamblea Nacional de Nicaragua debe pronunciarse y dejar claro, a través de una normativa legislativa, que Telcor no tiene la potestad de exigir información confidencial a las empresas telefónicas.

La dos grandes compañías de telecomunicaciones que operan en Nicaragua son Claro, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim, que cuenta con 3.4 millones de usuarios de teléfonos celulares, y la española Telefónica, con 2.8 millones de clientes. (Dado las altas tarifas de las llamadas entre compañías, es común que los nicaragüenses tengan dos teléfonos móviles, uno de Claro y otro Movistar). Claro Móvil, que oferta el servicio de Internet, domina el mercado, con el 66% de las conexiones. Movistar cuenta con el 9% y la rusa Yota con el 11,21%. Nicaragua, un país de 5,6 millones de habitantes, contaba a finales de 2011 con 663.500 usuarios de Internet, el 11,7% de la población, según el Internet World Stats.

Movistar y Claro han evitado pronunciarse directamente sobre la decisión de Telcor. Los empresarios nicaragüenses esperan reunirse la próxima semana con representantes del Gobierno de Ortega, a quienes solicitarán que el mandatario ordene a Telcor revertir la resolución administrativa 0005-2013.

Foto: Pantalla video Youtube