lunes, 27 de enero de 2014

¿El fin de la excepcionalidad canadiense en materia de inmigración?

Publicado en:
Desarrollo e Integración
Por:
Temas:

Inmigración Canadá Visa

Canadá tiene una política de inmigración única en el mundo. Desde hace ya varias décadas, la mayor parte de los inmigrantes son preseleccionados en función de una grilla de puntos que mide nivel de educación, experiencia profesional, manejo de idiomas y otros factores que reflejan la potencial “adaptabilidad” -sobre todo económica, pero también social y cultural- de cada candidato.

¿Por qué digo que este sistema es único en el mundo?

Porque los países europeos que incorporan grandes caudales migratorios no funcionan con la idea de “reclutamiento” de inmigrantes sino, por el contrario, con el principio del “control de fronteras”.

En Estados Unidos, como es evidente, también opera esencialmente el concepto de “frenar” la inmigración: para eso se construyen muros (con México) y se establecen programas cada vez más sofisticados -e intrusivos- de monitoreo de extranjeros. En Estados Unidos las dos principales corrientes migratorias son la llamada “ilegal” -el influjo de indocumentados por la frontera sur- y la de reunificación familiar (quienes son residentes pueden “apadrinar” a parientes cercanos).

Por cierto, en la masa cuantitativa de gente que se instala en ese país cada año, están también los profesionales de alto nivel y otras categorías más similares a la de “trabajador independiente” que tenemos en el sistema canadiense, pero proporcionalmente son de mucho menor magnitud.

En suma, fuera del caso de Australia y Nueva Zelanda, que poseen políticas con algunos elementos parecidos a los de Canadá, pero sin ir tan lejos en su relativa apertura (que algunos caracterizan como “generosidad”), podemos en efecto afirmar que tenemos aquí una situación bastante singular. 

Sin embargo, las cosas han ido cambiando en los últimos años. El Gobierno Federal, bajo la administración Harper, ha iniciado significativas transformaciones. Algunas de ellas remiten a la implementación de restricciones en el área del asilo político.

Por ejemplo, se han firmado acuerdos con Estados Unidos que coordinan sus políticas respectivas -algo en sí razonable- pero que pueden redundar en limitaciones para los refugiados políticos. Éstos también pierden opciones (pues cuando provienen de países considerados “seguros” se los evalúa de modo sumario y, generalmente, con muchas menos chances de ser admitidos) y también pierden derechos (por ejemplo, cubertura médica y social durante su espera del veredicto).

Las expulsiones de quienes no son reconocidos como refugiados se han hecho más rápidas y frecuentes. Obviamente, a los ojos de quienes prefieren una línea más dura, es posible justificar dichas medidas aduciendo que el sistema era demasiado laxo y que los abusos estaban generalizados. O dirán simplemente que Canadá se ha puesto más firme y que esto se demuestra igualmente en otras decisiones gubernamentales recientes: exigir un trámite mucho más estricto (y largo, y costoso) para obtener la naturalización (pruebas de residencia en el país, examen de ciudadanía más difícil, etc.) y combatir agresivamente el fraude (con la inédita anulación retroactiva de miles de ciudadanías que ya habían sido otorgadas).

Cada quien podrá encontrar, según su ideología política, que este giro representa un ajuste necesario por parte de un gobierno “que se pone los pantalones” o bien una típica maniobra reaccionaria por parte de un gobierno de derecha.

Pero, más allá del juicio favorable o desfavorable que estos cambios susciten, se plantea una pregunta fundamental: ¿se trata de un quiebre, del signo de un alineamiento de Canadá con la filosofía del “control de fronteras” que predomina en el resto del mundo occidental? En otras palabras, ¿se está eclipsando la “excepción canadiense”?

Pero esta cuestión no agota los interrogantes con respecto al futuro del modelo inmigratorio canadiense. Otras modificaciones recientes indican un vuelco adicional en las políticas, tanto federales como provinciales, al menos en el caso de Quebec (que posee un sistema de selección autónomo en lo que hace al visado de residencia para trabajadores).

En efecto, tanto Ottawa como Quebec han alterado los criterios de sus grillas respectivas para asignar mayor peso a los jóvenes con buen manejo del idioma previo a la inmigración. En teoría, nadie puede objetar una medida que favorece a quienes, por menor edad y anticipadamente preparados para la integración lingüística, tendrán mejores probabilidades de éxito en su sociedad adoptiva.

¿Quién quiere a viejos que no pueden comunicarse con sus nuevos conciudadanos? Además, en vez de respetar el principio del “primero arribado, primero servido”, se dará prioridad a los candidatos con perfil adecuado para la demanda laboral.

¿Es esto criticable? Pues bien, tal perspectiva tiende a dejar de lado lo que una norma, justa y razonable a nivel abstracto, puede generar como efectos negativos en su aplicación concreta: esos jóvenes sobre-educados que queremos reclutar, ¿en dónde los vamos a encontrar? ¿cuál será su identidad? Al plantear la pregunta, ya entrevemos su respuesta: habrá un sesgo en la selección que aventajará a gente de extracción social media a superior y de origen occidental. Atención: este argumento no dice que se implementará una estrategia abiertamente discriminatoria, como fue el caso de las políticas canadienses hasta la década del sesenta.

Pero sociológicamente hablando, un individuo que proviene de una cultura y de un estrato social más alejados del promedio canadiense o quebequense tendrá estadísticamente menos chances de ser elegido. Esto ya ocurre en nuestro sistema de puntajes, que apunta a la “crema” de la masa migrante.

Pero, por ejemplo, una mujer guatemalteca o egipcia de cuarenta años con demostradas habilidades en su profesión, pero que no tiene manejo fluido del inglés o del francés (porque quienes aprenden esos idiomas tempranamente crecieron en países de habla inglesa o francesa, o bien asistieron a escuelas privadas “bilingües”) quedará rezagada en el proceso de selección, según las nuevas reglas (mientras que anteriormente tenía, teóricamente, mejores perspectivas, al poder compensar su “déficit de juventud” y su carencia idiomática con su mayor experiencia laboral y con otros factores considerados en la grilla).

Dicha mujer podría aprender rápidamente la lengua e integrarse exitosamente, pero quizá nunca tendrá la oportunidad de hacerlo porque ya le cerramos la puerta a priori. En última instancia, esto nos lleva a preguntarnos: ¿esa famosa puerta, que abrimos y cerramos según se nos dé la gana como sociedad, responde a una lógica de justicia ética, de auténtica generosidad o de mero utilitarismo?.

Foto: Pablo A. Ortiz / Grupo NM