domingo, 3 de agosto de 2014

Legalidad, democracia y paralegalidad

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democracia participativa análisis Daniel Esparza

Si la democracia representativa es una contradicción en sí misma –en tanto la democracia no se entiende como delegación de poder sino como ejercicio pleno del poder por parte del demos-, entonces la democracia participativa –tan en boga, tan manida en estos días- es una redundancia que, quizá precisamente por ello, no termina de hallar su cauce. Más aún, podría decirse que el pretendido empoderamiento del demos que supone la democracia participativa ha terminado por derribar las instancias de los poderes contemplados en el marco legal republicano, pero no por la vía de la transformación del Estado, al que los gobiernos contemporáneos sólo han intentado transformar, a pesar o quizá precisamente por culpa de la retórica contemporánea alrededor del Otro, en instancias mínimas. De hecho, procurar hacer girar la dinámica de gobierno alrededor de la idea del Otro -aquello que es distinto a mí- parece ser precisamente una de las barreras a las que se enfrenta la construcción de un Estado de Derecho que abrace la diversidad contemporánea –incluidas no solo las minorías, sino las cada vez más amplias mayorías migrantes, desplazadas, refugiadas-.

Si el Otro por excelencia, tradicionalmente, no es otro sino la Divinidad, que es por definición incomprensible en tanto infinita, el Otro inmediato –el migrante, el desplazado, el refugiado- se convierte de inmediato en objeto misterioso que no puedo comprender. Más aún, que no debo comprender. Así, hemos sido testigos de la instauración y consolidación de una paralegalidad que funciona al modo de una normalización correctiva de la irregularidad que casi llega ya a darle la vuelta al Estado y a consolidarse como legalidad de facto, que no de iure. La propia ilegalidad con la que los ocupantes de las instancias de poder de los Estados a menudo se manejan –la maleabilidad de la Carta Magna, por ejemplo, tan distinta del ejercicio de la jurisprudencia- ha hecho de la paralegalidad, para muchos, un ejercicio tanto más viable. De hecho, las instancias de la paralegalidad conforman los espacios desde los que la legalidad institucionalidad dialoga: debe dirigirse a estos espacios de paralegalidad para reconocer un problema e integrarlo al Sistema, construyendo el Estado desde la demanda establecida por la paralegalidad existente.

Así, la paralegalidad arrastra a las instituciones a reaccionar. La paralegalidad contemporánea es, paradójicamente, el motor que saca al aparato legal de la inercia en la que el acomodo histórico del Estado burgués le abriga. La pregunta obligada aquí no es otra sino la que advierte que la ley, entonces, es construida, en el mejor de los casos, como respuesta a una paralegalidad establecida, pero el riesgo de que no sea respuesta sino reacción es más que evidente: ante lo Otro, ante lo distinto, lo primero que cabe es el miedo. Y ante el miedo, generalmente, sólo cabe reaccionar. Así las cosas, el empoderamiento que supone la democracia participativa es, en buena medida, reaccionario: la paralegalidad reacciona contra la ineficacia burocrática con formas paralegales de gestión, contra los excesos del control con un mercado y modos de vida alternativos, contra la violencia con la proliferación del paramilitarismo. La legalidad reacciona con deportaciones, represión, persecusión y negación de derechos a determinados individuos. Una de las demandas de la labor política contemporánea, entonces, no es la obligación de legislar atendiendo a la paralegalidad -respondiendo o reaccionando- sino repensando las posibilidades de relación entre un individuo y el colectivo humano, no en tanto otro –incomprensible, infinito, mediato- sino en tanto cualquiera -comprensible, mortal, vecino-.

Foto: Flickr / Izaias Buson (CC)