lunes, 2 de febrero de 2015

Denuncian inacción del gobierno de Quebec sobre el acceso a la educación de niños “sin papeles”

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Canadá
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Niño Estudiantes Montreal Canada

Foto: Pablo A. Ortiz / Grupo NM

El Defensor del Pueblo de Quebec había dado plazo al gobierno provincial hasta el 30 de enero de 2015 para presentar su plan sobre la educación de los menores hijos de inmigrantes ilegales.

Hasta el momento no ha habido anuncio alguno.

Mientras, siguen las críticas hacia las autoridades por su inacción en referencia a uno de los temas fundamentales de la sociedad, y el cual, según varios organismos, está protegido por las convenciones internacionales de derechos humanos.

El pasado mes de noviembre el Defensor del Pueblo de la provincia presentó un informe denunciando la falta de acceso a la educación a menores de edad que no tienen un estatus legal en Canadá, lo cual genera mayores problemas.

El reporte emitió varias recomendaciones al gobierno provincial para regularizar esta situación. Principalmente pide que todos los niños entre 6 y 16 años tengan acceso a la educación gratuita, sin importar si tienen residencia permanente o no.

Además pide informar y exigir a las distintas comisiones escolares de la provincia una aplicación justa de todos los reglamentos nuevos que se puedan presentar en el futuro, con la finalidad de garantizar el acceso a los estudios de miles de niños en situación irregular.

Provincias como Ontario y Columbia Británica han presentado políticas para aclarar que el acceso a la educación no puede estar limitado por el estatus de residencia legal o no en el país.

No hay reacción

El Colectivo Educación Sin Fronteras (CESF) denunció este lunes la falta de soluciones por parte del gobierno de Philippe Couillard. En un comunicado, el organismo pide reacciones inmediatas para solucionar la situación de “miles de niños”.

“Hasta ahora lo que sigue prevaleciendo es la realidad de la exclusión de los seres más vulnerables de nuestra sociedad del sistema de educación quebequense”, señala el CESF. “Si la inclusión le es importante (al gobierno) no aceptaría que la exclusión y el racismo sistemático se perpetúen. Procedería rápidamente a una modificación reglamentaria capaz de resolver el problema: separar definitivamente el derecho a la educación del estatus migratorio”.

Según el reporte del Defensor del Pueblo, basado en cifras del Ministerio de Educación, entre 300 y 400 niños no cuentan con acceso a la educación gratuita por no tener estatus legal en Canadá. Sin embargo, para el CESF se trata de “miles”.

El organismo pide que el Ministerio de Educación de Quebec cambie a la brevedad los reglamentos para exigir únicamente una prueba de domicilio y no una prueba de estatus migratorio para poder inscribir a los niños en las escuelas públicas.

También piden una política de confidencialidad sólida que evite que la información sobre estas familias llegue a las autoridades migratorias. De igual forma exigen que las autoridades realicen una campaña de información para que toda la sociedad conozca esta realidad y los problemas que enfrentan los niños de familias ilegales.