lunes, 2 de marzo de 2015

Diplomacia, diplomáticos y política interna

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Foto: Captura de pantalla / YouTube

El mundo de las relaciones diplomáticas y consulares se rige por dos convenciones. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, del 18 de abril de 1961, que entró en vigor el 24 de abril de 1964, y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, del 24 de abril de 1963, que entró en vigor el 19 de marzo de 1967.

Ambas convenciones son precisas en cuanto a establecer las reglas del juego, tanto para el Estado que envía a sus representantes oficiales como para el Estado que los recibe. Ambas otorgan a los funcionarios diplomáticos y consulares inmunidad y privilegios para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, las sedes de sus misiones gozan de inmunidad territorial, es decir, los espacios donde funcionan sus oficinas o los edificios alquilados o comprados para tal fin se convierten en territorio “soberano” del respectivo país.

Otro aspecto importante a considerar es que exigen a estos funcionarios no sólo respetar las leyes y reglamentos del país receptor, sino que les es prohibido inmiscuirse en los asuntos internos del país receptor, vale decir, están exceptuados de poder opinar o financiar actividades proselitistas.

En los últimos años hemos visto como el gobierno de Venezuela ha sido vehemente al exigir de los funcionarios acreditados ante él la no injerencia en sus asuntos internos, sin embargo vemos abuso cuando, por ejemplo, se acusa al embajador de Canadá en ese país, Ben Rowswell, de estar “participando en la planificación de un golpe de Estado”, acusación, por supuesto, que fue negada categóricamente por lo falsa de la misma. Como ésta, muchas otras han proliferado en el discurso oficial venezolano.

Notorias y públicas han sido las acusaciones que, por el contrario, se han hecho en contra del gobierno de Venezuela de participar activamente en asuntos internos de otros países. Una de ellas el caso del maletín con US$800.000 que intentaron ingresar a la argentina funcionarios del gobierno de ese país y un empresario venezolano. De acuerdo a versiones no oficiales, parte de ese dinero iría a financiar la campaña de la actual presidenta de ese país.

En Canadá hemos visto como funcionarios venezolanos de todo nivel, incluso de Cónsul General, han participado activamente en manifestaciones o protestas públicas a favor del gobierno de ese país, lo que, en principio está prohibido para ellos.

Una cosa es participar en un foro o conferencia para vender la propaganda del gobierno de Venezuela, como por ejemplo la del supuesto intento de golpe de Estado, como lo está haciendo su embajador con mucha frecuencia, y otra, hacerlo en manifestaciones públicas.

Por cierto, nos llama poderosamente la atención que muchos de estos grupos que organizan tales conferencias, hacen gala de manejar fondos suficientes como para publicar o imprimir material gráfico de un altísimo costo como el póster distribuido durante la conferencia que dictó la dirigente venezolana María Corina Machado en la Universidad de Ottawa en mayo pasado.

Las convenciones arriba citadas son instrumentos del derecho internacional que permiten la representatividad entre los países en un marco de clara legalidad, transparencia y respeto mutuo. La tradición ha sido su observancia y respeto, pero cuando se tiene un Servicio Exterior al servicio de un partido político y no de un Estado, las cosas cambian y para peor.

Twitter: @JosueIRamirez.