lunes, 10 de agosto de 2015

El derecho de votar en el extranjero

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I. La protesta de Donald Sutherland

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Imagen Youtube / Retoques del autor de la nota

Recientemente publicabamos sobre las airadas protestas del conocido actor canadiense Donald Sutherland, tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Ontario que por dos votos contra uno, logró anular una sentencia emitida el año pasado por la Corte Superior de Ontario, restableciendo de este modo, la prohibición de votar en elecciones a todos los canadienses que residen en el exterior del país por más de cinco años.

Por lo que entendemos, este es un viejo asunto que se pasea por los tribunales desde el año 1993; y en el cual, por lo visto, están empeñados en hacer prevalecer las instancias del Partido Conservador. Precisamente fue durante el régimen conservador de Brian Mulroney que se instituyó tal prohibición; y fue ahora a pedido del gobierno de Harper que se logró el falló que acaba de dar la Corte de Apelaciones de Ontario.

Llama la atención que, salvo algunas individualidades, no haya habido -que yo sepa-, ningún eco ni oficial ni oficioso por parte de alguna tolda política a los reclamos de uno de los mejores representantes de Canadá en el Séptimo Arte. Es como si el asunto no existiera o no interesara, a pesar que se estaría afectando a cerca de un millón de canadienses que viven en el extranjero, y a pocos meses de unas trascendentales elecciones federales.

Como canadiense que ahora soy, comparto plenamente las quejas de Sutherland y de su familia, entre ellos el famoso Jack Bauer de 24 horas, Kiefer Sutherland, quien aunque nacido en Londres, tiene nacionalidad canadiense; de Angus, Rachel, Roe, o Rossif, este último también actor, nacido en Vancouver, y de la quebequense Francine Racette, esposa de Donald.

Pues bien, observando la trayectoria de ciertas democracias maduras, digamos la de Estados Unidos, soy de la opinión que mientras menos toquemos la Carta Magna de un país, mejor nos irá. Cuando pretendemos en el mejor de los casos tratar de embellecerla, podemos correr el riesgo de afearla, como cualquier mala cirugía estética. Es mejor dejarla tal como vino al mundo, con su encanto original, que es de una absoluta sencillez.

Tratándose de la democracia canadiense, su Carta Magna ciertamente ha debido pasar por procesos de cambios ya que nació bajo la legislación británica allá por los años 1763, a fin de adecuarla a la realidad del país. La última de estas modificaciones ocurrió no hace mucho, en 1982, que en cierto modo encarna el llamado proceso de «repatriación» de la Constitución. En este acto se introdujo el capítulo conocido como la Carta Canadiense de los Derechos y Libertades, el cual consagra entre los derechos democráticos lo siguiente: «Todos los canadienses (nacido y adoptados debo añadir) tienen el derecho al voto y son seleccionables para las elecciones legislativas federales y provinciales». El voto -no lo olvidemos- es el más esencial vehículo del ejercicio democrático. Ergo, es sumamente delicado recortar esos derechos que involucran los derechos y libertades individuales, valga la pena reafirmarlo.

La Corte de Apelaciones de Ontario, en su resolución, ha argüido una suerte de «contrato social», refiriéndose al hecho que los ciudadanos canadienses residentes están sometidos a las leyes del país, situación que «puede no tener el mismo impacto en la vida cotidiana de quienes residen en el exterior».

A mi modo de ver se está introduciendo una tesis (el «contrato social») que es argumentativa y de menor categoría frente al básico derecho constitucional.

No sabemos cuál es la intención de quienes propician esta prohibición, ya que políticamente no se vislumbra ninguna tendencia especifica entre los expatriados que pueda inducir a quitarles este sagrado derecho. A decir verdad, como voto su influencia es muy poca, si nos basamos en las experiencias habidas. Del millón de canadienses que hay en el extranjero, solo votaron 6 mil en el 2011. Pero esto tampoco es un justificativo para quitarles su derecho constitucional.

Se me ocurre que la razón puede ser una cierta intención, muy en boga en las esferas oficiales, de propiciar aunque sea coercitivamente, la presencia física de los nacionales (incluyendo los nacionalizados) en territorio patrio. Un deseo muy difícil de cumplir en estos tiempos de mundialización que provocan desplazamientos cada vez mayores de la fuerza de trabajo.

II. Otros asuntos también preocupantes

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Imagen Youtube / Retoques del autor de la nota

Aprovecho la oportunidad para extenderme hacia otros asuntos que no están muy lejos del radio de acción del tema inicial. Me refiero a ciertas decisiones recientes tomadas por el gobierno canadiense relativas a la revocación de la nacionalidad y la retención de pasaportes, medidas que de alguna manera tocan igualmente los principios consagrados en la Constitución y en la Carta de los Derechos y Libertades Ciudadanas.

Al margen de los problemas de falsedades o forjamiento de documentos relativos al proceso de nacionalización, que de por sí deben caer en el terreno judicial, se arguye también una suerte de comportamientos (delictivos) y últimamente los problemas relacionados con el terrorismo. Estoy de acuerdo que no solo el gobierno, sino el Estado como tal, deben combatir el terrorismo, que es uno de los peores males que aquejan al mundo moderno.

No obstante, medidas como la retención o anulación de un pasaporte es como darle con un pañuelo al rostro del terrorismo, y no su merecida cachetada. En otros términos, al terrorista le importa un bledo la legalidad, ya que si ésta no le sirve actúa al margen de ella, que es el medio donde habitualmente se mueve.

Pero las disposiciones que se crean para coartarlos permanecen y pueden perjudicar más a justos que a pecadores y probablemente son nulas respecto a prevenir el delito que se quiere impedir.

Por tanto, por muy peligrosa que parezca la situación, juzgo delicado que se centralicen decisiones que atañen a derechos constitucionales, en manos de un funcionario de gobierno por muy alta que sea su investidura. Como lo dice el mismo sitio internet del gobierno canadiense, antes el proceso de revocación de la ciudadanía constaba generalmente de tres etapas de aprobación: la del ministro, la Corte Federal y la del gobernador general en consejo. Las nuevas normas, establecen que el gobernador general no jugará más ese rol, salvo en ciertos casos; y que el proceso de revocación de la ciudadanía, en vigencia desde el 28 de mayo del 2015, reposa sobre dos disposiciones: 1) La gran mayoría de casos serán objeto de una decisión del ministro; y 2) ciertos casos complejos serán objeto de una decisión de la Corte Federal. El ministro en referencia, aunque no lo indica el párrafo, es el ministro de Inmigración y Ciudadanía de Canadá.

Cuando hablamos de revocación, si bien puede implicar a ciudadanos canadienses de nacimiento, la mayoría -creo yo- tiene que ver con las ciudadanías adquiridas. A este respecto debo decir que no es muy agradable para un nacionalizado que sobre su cabeza penda permanentemente una espada de Damocles. Eso crea inseguridades y tal vez un débil compromiso con su nueva patria, ya que en cualquier momento podrían invalidarle su condición ciudadana. Se dirá que el que nada oculta, nada debe temer; y de hecho debería ser así, pero en los corrillos burocráticos del Estado eso no es matemática que garantice el mismo resultado siempre, pueden haber sorpresas.

A este respecto y por otros ejemplos que he podido ver, permítanme recurrir a la siguiente reflexión: Cuando uno adopta un hijo, lo hace para toda la vida, y no porque le salió torcido entonces le decimos «ahora ya no eres mi hijo». La cruda verdad es que el que adopta tiene que responsabilizarse de lo bueno y lo malo que su nuevo hijo haga. No estoy propiciando con esto la impunidad, si el sujeto delinque debe aplicársele las leyes de su nuevo país, garantizándole desde luego su derecho a la defensa.

III. El ejemplo canadiense puede cundir hacía otros gobiernos

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Imagen Youtube / Retoques del autor de la nota

Habría deseado no decir nada a este respecto, por temor a despertar al león que puede estar dormido, inocente (¿?) de esta materia. Pero cómo no hacerlo.

Me explico: La decisión de las autoridades canadienses de prohibir votar a sus connacionales que residen fuera del país por más de cinco años, bien pude ser utilizado como ejemplo por otros gobiernos, a los que sin duda les convendría poner en vigencia este tipo de medidas.

Sabemos muy bien los innumerables artificios que ha utilizado y utiliza, por ejemplo, el régimen de Venezuela, para entorpecer el voto de los venezolanos opositores repartidos en todo el mundo. El ejemplo más cumbre, es el que propició Hugo Chávez con el cierre del consulado en Miami, obligando a los ciudadanos venezolanos de esa ciudad -que no son pocos- a desplazarse más lejos que ir a Venezuela, hacía Nueva Orleans. La mayoría de ellos tienen que ir por tierra debido a lo costoso que es el pasaje en avión, utilizando para ello unas 15 horas para atravesar alrededor de 1400 kilómetros de carretera.

A pesar de esta medida antidemocrática, el talante totalitario del chavismo no le ha permitido ir al extremo de trasgredir el elemental derecho ciudadano al voto. No sabemos cómo será de aquí en adelante; en todo caso no será por este artículo, ya que la inteligencia chavista es muy sagaz (me refiero a los servicios de seguridad, mal llamados «inteligencia») y mientras uno está de ida, ellos ya están de vuelta. O sea, que esto ya lo deben saber, porque además no es un asunto nuevo. En todo caso, para las elecciones que se avecinan en diciembre en Venezuela (las parlamentarias) el régimen no tiene por qué preocuparse. La diáspora no vota en esta oportunidad.

Ahora bien, si de derechos ciudadanos al voto estamos hablando, es pertinente destacar el caso de Perú, que me atañe mucho. En Perú, (y me parece también en algunos otros países latinoamericanos) el voto no solamente es un derecho, es también un deber. El voto es obligatorio, y el que no lo haga está expuesto a una penalidad en dinero y no importa si estás lejos del país, viviendo el tiempo que sea.

En mi caso, ya he pagado una multa, porque aparte de la venezolana y la canadiense, tengo la nacionalidad peruana, y si bien hasta antes de la Constitución del 2000 Venezuela no permitía la doble nacionalidad, posterior a ese año y con ocasión de venir a estos lares canadienses, tuve que hacer varios trámites en el consulado peruano de Caracas, en donde uno de sus funcionarios al observar que no había votado en por lo menos en tres últimas elecciones, no se anduvo por las ramas y aunque me perdonó una, me multó por las otras dos.

Qué gran ejemplo democrático el peruano, a pesar de la multa.

Me pregunto, entonces ¿en qué terreno queda Canadá?

victor@noticiasmontreal.com

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