viernes, 21 de agosto de 2015

Introducen demanda en contra de la reforma a la ley de ciudadanía de Canadá

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Inmigración
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Pasaporte CanadienseFoto: Pablo A. Ortiz / Grupo NM

Un grupo de abogados canadienses considera que las previsiones incluidas en la reforma a la ley de ciudadanía de Canadá representan una violación consitucional.

Por eso decidieron presentar el caso ante un tribunal.

Este proceso es parte de la más reciente ofensiva en contra de una de las más polémicas leyes que aprobó el actual gobierno conservador de Stephen Harper, con la cual se reestructuró por completo no sólo la forma en la que se obtiene la ciudadanía canadiense, sino también la forma en la que se puede perder.

La BC Civil Liberties Association (BCCLA) y la Canadian Association of Refugee Lawyers (CARL) presentaron una demanda constitucional en contra de la ley C-24, la cual otorga nuevos poderes al Gobierno Federal para revocar la ciudadanía a un ciudadano, incluso si nació en territorio canadiense.

Dos categorías de ciudadanos

El principal problema de esta nueva ley es que afecta únicamente a los ciudadanos con doble nacionalidad. El ministro Chris Alexander explicó en el pasado que esto es simplemente porque no pueden dejar a una persona «sin Estado» en caso de que sólo tenga pasaporte canadiense.

Pero para el grupo de abogados esto genera ciudadanos de dos categorías.

«Todos los ciudadanos canadienses tenían los mismos derechos de ciudadanía, sin importar sus orígenes. Todos éramos iguales bajo la ley», señaló en un comunicado Josh Paterson, director del BCCLA. «Ahora esta nueva ley nos dividió en varias clases de ciudadanos, los que pueden perder su ciudadanía y los que no. La ley C-24 es antinmigrantes, anticanadiense y antidemocrática», agregó.

La nueva ley permite a los funcionarios de inmigración revocar la ciudadanía a una persona que haya sido condenada por actos de terrorismo u otros crímenes serios, tanto dentro como fuera del país. 

Para los abogados esto es preocupante, tomando en cuenta lo viciados que pueden ser los procesos judiciales en algunos países del mundo.

Además, está el hecho que son funcionarios del gobierno los que pueden tomar la decisión final, y no un juez. Según el grupo de demandantes, el gobierno canadiense apenas otorga 60 días para que los afectados por estas medidas apelen la decisión por vía escrita.

Detalles vagos

Otro punto sobre el que los abogados quieren poner el acento es el de la llamada «intención de residir», una nueva cláusula que se agregó al proceso de solicitud de ciudadanía, en la cual los solicitantes manifiestan «su intención de vivir en Canadá».

Este punto ha sido largamente discutido y ni el propio Ministerio de Inmigración y Ciudadanía, ni el ministro Chris Alexander han podido dar una respuesta concreta. Incluso en momentos se contradijeron.

Para los demandantes el intent to reside podría afectar a una persona que quizá tiene que viajar fuera de Canadá por largos periodos por motivos de trabajo, de estudios o que simplemente decide mudarse por un tiempo para reunirse con su familia.

El rechazo a la ley C-24 ha sido contundente y ha generado un gran ruido en la opinión pública. Por ejemplo, una solicitud hecha en Change.org ha recaudado más de 110.000 firmas, pidiendo la abolición de esta ley.

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Pablo A. Ortiz
pablo@noticiasmontreal.com

Fotógrafo, periodista y uno de los fundadores de NM Noticias. Venezolano-canadiense con experiencia como periodista deportivo especializado en fútbol. Viven en Montreal desde hace varios años con s...

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