martes, 24 de noviembre de 2015

La corrupción en Quebec está más extendida de lo que se creía, advierte reporte final Charbonneau

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Foto: Captura de pantalla / Radio-Canada

Foto: Captura de pantalla / Radio-Canada

En un momento muy oportuno se conoce el informe final de la Comisión Charbonneau, creada por el entonces primer ministro de Quebec, Jean Charest (Liberal), en medio de diversos escándalos de corrupción y colusión que invadieron Montreal y otras ciudades de Quebec. 

Oportuno porque justo ayer el inspector general de la alcaldía de Montreal, Denis Gallant, dio a conocer un reporte en el que se asevera que en la industria de limpieza de nieve existen actualmente «diferentes estratagemas de naturaleza colusoria y de intento de control del mercado». 

Desde la oficina del inspector, BIG, (Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal) se advirtió, hace apenas 24 horas, que existen elementos previstos por el propio inspector de la alcaldía, reportados en 2013, cuando dijo sospechar de que había aún una red de colusión -específicamente- en la industria de limpieza de nieve de Montreal. 

Entre las estratagemas denunciadas por Gallant está la protección del territorio, pactos de no agresión, amenazas e intimidaciones. 

El reporte viene a recordar que la sombra de la colusión y la corrupción sigue presentes en la ciudad cuatro año después de que estallaran escándalos que generaron renuncias de alcaldes y el desfile de cientos de testigos en la comisión que justo hoy entrega su reporte final. 

Más de lo que se creía

La jueza que dio nombre a la comisión, France Charbonneau, en su reporte final advirtió que la corrupción en Quebec está «más extendida de lo que originalmente se creía». 

El reporte tiene 1.741 páginas y 60 recomendaciones para el gobierno de Quebec, el cual, a minutos de haberse dado a conocer, se comprometió a activar esas recomendaciones para luchar contra la corrupción en la Belle Province. 

La jueza Charbonneau advirtió que «el gobierno debe activar medidas para evitar que el crimen organizado se meta en la economía legal, obteniendo contratos públicos«, agregando que las «repercusiones de este flujo de dinero ilícito en la economía legal son devastadoras al largo plazo».

Pero la jueza reconoció que no se trata sólo de un problema del crimen organizado, sino de los actores políticos que están sumados a la ecuación de la corrupción. Al respecto indicó que «las máquinas políticas de hoy se han convertido en monstruos y tienen exigencias importantes en el plano financiero (…) (Los funcionarios) deben tener la cabeza en alto y retomar la imagen de la función pública, ejerciendo sus funciones con rectitud y dignidad».

Charbonneau destacó que «para tener un Quebec más ético e íntegro, es necesario que los quebequenses se impliquen activamente denunciando todo intento de corrupción y de colusión, y de toda irregularidad vinculada a la ética (…) Ninguna ley, reglamento ni medida será exitosa por sí misma. La colaboración de todos es primordial». 

Un punto de desacuerdo

El comisario Renaud Lachance (el segundo al mando en la misma comisión) se pronunció en desacuerdo con la presidenta de la comisión, en el punto específico de los contratos de la industria de la construcción y el financiamiento de los partidos políticos de la provincia.

El desacuerdo mostrado por Lachance se enfoca principalmente a la sección 4,6 del capítulo 7, en el que se puede leer que «es posible concluir que, durante los años del mandato de la comisión, un vínculo unió la entrega de contribuciones a partidos políticos provinciales y el proceso de licitaciones de los contratos públicos».

Para Lachance, más bien, «los hechos presentados ante la comisión no demostraron un vínculo, directo o indirecto, entre la entrega de contribuciones políticas a nivel provincial y la licitación de un contrato público (…) Creo que es importante precisar que estoy en desacuerdo con el contenido de este capítulo y, en consecuencia, con el perfil de las estratagemas y los hechos destacados que allí son asociados«.

A pesar de este punto de discordia, el comisario indicó que está de acuerdo con las recomendaciones hechas por la jueza Charbonneau en torno al financiamiento de los partidos políticos de Quebec.

Costo: $44,8 millones

Los cuatro años de investigación generaron un gasto de 44,8 millones de dólares. La mayor parte de los costos están vinculados a las remuneraciones ($18,1 millones) y honorarios ($13,9 millones). Fueron en total 236 días de audiencias que generaron unas 70.000 páginas de transcripción; 300 personas dieron su testimonio y se entregaron 3.600 documentos.  

Este reporte final se esperaba inicialmente en octubre de 2013, pero el gobierno de entonces (Parti québécois) extendió la fecha límite de entrega para abril de 2015. Este año, el gobierno liberal extendió nuevamente la fecha hasta finales de noviembre.

Como se recordará el trabajo de esta comisión no era vinculante criminalmente, es decir, si bien a partir de estas investigaciones se han citado a unas 200 personas, empresas o grupos que podrían estar vinculadas con los casos de colusión y corrupción, la comisión no tenía permitido determinar culpables. 

Para ver los documentos (en francés) que fueron publicados a partir del reporte final: aquí.