lunes, 4 de enero de 2016

El nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional de Venezuela

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Foto: Flickr / Cristóbal Alvarado Minic (CC)

Foto: Flickr / Cristóbal Alvarado Minic (CC)

Como muchos de ustedes saben los venezolanos concurrieron a votar el pasado 5 de diciembre para elegir a los diputados de su Asamblea Nacional (AN) para el período que se inicia el 5 de enero de 2016 y culmina funciones en diciembre de 2020. Cinco años para su ejercicio.

El párrafo anterior sería algo corriente, cotidiano, si estuviéramos hablando de un país donde la democracia funciona, sin embargo, el caso Venezuela no lo es y existen tres razones fundamentales que sustentan esa afirmación y que son responsabilidad de su gobierno.

La primera de ellas, el carácter hegemónico y autoritario del gobierno que inició Hugo Chávez y que profundizó sobremanera el actual presidente, Nicolás Maduro. La segunda, el control absoluto que sobre todos los poderes ejerce el Ejecutivo en Venezuela. La tercera, la burda manipulación que sobre el sistema electoral y las campañas respectivas existen.

Sin embargo, a pesar de las circunstancias arriba mencionadas, los electores venezolanos demostraron que están cansados del Estado de cosas que viven y votaron abrumadoramente por un cambio radical en la forma de conducir al país. De los 167 diputados que integran la AN resultaron electos 112 representantes de la coalición opositora y sólo 55 del partido de gobierno, es decir 67% a favor del cambio y apenas 33% para el gobierno.

La alianza opositora representada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha expresado claramente que piensa devolver la dignidad al Poder Legislativo en Venezuela; que lo hará en estricto apego a la Constitución y demás leyes venezolanas y, además, ha propuesto una agenda parlamentaria en la que destacan una Ley de Amnistía General, que permita la liberación de la gran cantidad de presos políticos que hoy día existen en Venezuela, según algunas fuentes superior a la que existe en Cuba; y una Ley de Abastecimiento Pleno, dirigida a facilitar la distribución de productos esenciales que permita garantizar a sus habitantes alimentos, medicinas y otros insumos necesarios para la vida cotidiana y que hoy escasean de manera alarmante.

La respuesta del gobierno de Maduro y el presidente saliente de la AN han sido, entre otras, convocar a la instalación de un “Parlamento Comunal” que carece de toda validez constitucional, y, manipulando descaradamente al Poder Judicial, logrando decisiones a su favor tras denuncias de “vicios” e impugnando la elección de varios representantes de la MUD ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Lo anterior sin dejar de mencionar las constantes amenazas contra la MUD y a beneficiarios de su “soborno” electoral con “programas sociales” que básicamente lo que buscaban era comprar votos, como es el caso del programa de taxis chinos que donó en noviembre y a finales de diciembre ordenó que se recuperan aduciendo problemas en el programa, eufemismo utilizado para no decir claramente que no apoyaron la elección de los candidatos de su partido.

Formalmente la instalación del nuevo período debe ocurrir este martes 5 de enero. Así está establecido. La MUD, con la mayoría calificada que obtuvo, ha escogido la junta directiva que debe presidir la AN durante 2016 y que encabezará un dirigente político con una experiencia política y trayectoria parlamentaria de más de 30 años, actual secretario general del partido social demócrata, Acción Democrática.

El gobierno de Maduro ha amenazado que no aceptará ni respetará la decisión del pueblo venezolano que abrumadoramente votó por el cambio. Es de esperarse de un gobierno autoritario que ha demostrado total irrespeto por los más elementales principios democráticos.

El problema para Maduro y los que lo apoyan, como quedó evidenciado el 5 de diciembre, es la atención y aprehensión que la comunidad internacional tiene en este momento sobre el caso Venezuela y, el más importante, el papel que jugó la Fuerza Armada el día de las elecciones respetando la decisión que tomaron los venezolanos ese día.

Ahora bien, ¿qué harán los militares el 5 de enero?

No lo sabemos, pero repetidos y numerosos han sido los llamados a que ellos, como es su deber constitucional, garanticen que se instale y funcione normalmente el parlamento electo. De lo que si estamos seguros es que continúa la crisis de gobernabilidad y democracia en Venezuela. Si se logra instalar el nuevo período de sesiones del parlamento estaremos presenciando caminos de cambio necesarios para la recuperación de la democracia y Estado de Derecho en ese país.

Lo lamentable, todavía, es que ese camino está en manos, fundamentalmente, de las Fuerzas Armadas y no precisamente de aquellos que aun ejerciendo su derecho al voto optaron por un país distinto el pasado 5 de diciembre, sus ciudadanos, sus electores.

Twitter: @JosueIRamirez

Calgary, 4 de enero de 2016