lunes, 25 de abril de 2016

Organizaciones latinoamericanas envían carta a Trudeau para exigir mayor responsabilidad a mineras

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Canadá
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Foto: Development and Peace, Caritas Canada

Diversas organizaciones latinoamericanas firmaron en conjunto una carta que fue enviada al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la que piden al mandatario un cambio en la política exterior del país de cara al sector minero.

Mary Durran, representante para Latinoamérica de Development and Peace, aseveró que “muchas de las organizaciones firmantes son socias de Development and Peace, cuyo trabajo en el terreno ha sido directamente afectado por las mineras canadienses. Apoyamos sus demandas para mejorar la fiscalización, desde Ottawa, de las operaciones de las empresas canadienses en el extranjero”.

La misiva también fue firmada por organizaciones de derechos humanos, ambientales, indígenas y de agricultores que han tenido experiencia directa con los conflictos que conlleva la minería en la región.

Las instituciones firmantes reconocen y agradecen los gestos de Trudeau para apoyar tanto a las comunidades indígenas como su labor por los derechos humanos, pero también llaman la atención del primer ministro sobre la minería de las empresas del país presentes, por ejemplo, en México y Argentina.

En la carta se lee  que “el documento reconoce los esfuerzos de varios parlamentarios, incluyendo miembros del Partido Liberal, por la adopción de un marco legislativo que establezca de forma más efectiva la rendición de cuentas de empresas mineras canadienses por sus actos en el exterior. Se destaca, en este sentido, el Proyecto de Ley C-300, de iniciativa del MP John McKay,  que usted apoyó, y que buscaba asegurar que empresas del sector que reciben apoyo del gobierno de Canadá actúen de manera consistente con los estándares internacionales ambientales y de derechos”.

La misma carta explica que en abril de 2014, una coalición de organizaciones de América Latina, con el apoyo de ONGs y centros académicos basados en Canadá, Estados Unidos y Europa, publicó un informe titulado El Impacto de la Minería Canadiense en América Latina y la Responsabilidad de Canadá. Este documento fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a la Misión de Canadá ante la Organización de Estados Americanos, a la Cancillería de Canadá y a las Embajadas canadienses en los países donde se ubican los 22 proyectos mineros examinados, a saber: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Chile, Argentina y Perú”.

Pero en la carta los firmantes aseveran que “en previas administraciones, el performance de Canadá en derechos humanos se deterioró considerablemente”, no sólo a los ojos de la comunidad internacional, sino también desde la perspectiva de los individuos, pueblos y comunidades que viven con los impactos negativos de los proyectos de extracción canadienses”.

La petición para el primer ministro Trudeau es un cambio hacia “la adopción de un marco legislativo que exija a agencias y empresas responder por abusos vinculados a las mineras canadienses”.

Asimismo establece las siguientes recomendaciones:

  • Garantizar que las empresas mineras canadienses que realizan actividades en América Latina lo hagan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos a los que están sujetos tanto los países anfitriones como el propio Estado de Canadá. Al respecto, y ante la gran conflictividad en torno a la minería que ha ido en aumento en la región, es vital que el gobierno de Canadá y las empresas mineras canadienses respeten el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado, antes de realizar cualquier actividad minera en sus territorios.
  • Respetar la decisión de las comunidades indígenas y no indígenas que han dicho no a la minería a gran escala debido a los daños severos al medioambiente y al bienestar social que conlleva.
  • Implementar las recomendaciones que hizo el Comité Permanente sobre las Relaciones Exteriores y el Comercio Internacional en 2005
  • No inmiscuirse ni brindar ningún tipo de apoyo gubernamental, sea a través de programas de desarrollo, acuerdos comerciales y/o de asociación, financiamiento público o asistencia técnica, que busque influenciar la adopción o modificación de marcos regulatorios en los países receptores de proyectos extractivos
  • Incorporar estándares internacionales de derechos humanos y de transparencia en la regulación de las agencias de crédito e inversión pública y privada que financian actividades extractivas e imponer salvaguardias a empresas que reciban subsidio estatal.
  • Garantizar un efectivo acceso a la justicia ante los órganos de la jurisdicción canadiense, para que las víctimas de violaciones a derechos humanos provocadas por empresas canadienses en el exterior puedan obtener justicia, verdad y reparación integral.
  • Crear mecanismos objetivos, imparciales y eficaces de monitoreo e investigación de denuncias de violaciones a derechos humanos, individuales y colectivas, provocadas por empresas mineras canadienses en el exterior. Tales mecanismos deberían ser diseñados de conformidad con los Principios de París sobre el estatus y funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos.
  • Dejar de impulsar tratados de libre comercio y acuerdos de inversión que favorecen la protección y la promoción de los intereses de las empresas mineras canadienses por encima de los derechos humanos, individuales y colectivos, y la protección del medioambiente
  • Abstenerse de impulsar mecanismos de arbitraje internacional, que es una herramienta poderosa para blindar las inversiones extranjeras que se favorecen de la inexistencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos.

Jen Moore, coordinadora para Latinoamérica de MiningWatch, aseveró a través de un comunicado de prensa que “es necesaria, con carácter de urgencia, una respuesta por parte del gobierno canadiense, dada la creciente represión de las comunidades afectadas por la minería en la región al defender sus tierra, su agua y su bienestar. No sólo son organizaciones latinas insistiendo en respuestas por el daño, sino que los daños sean prevenidos, previamente”.

La carta, además de ser enviada al primer ministro canadiense, será enviada a las embajadas canadienses en los países latinoamericanos donde hay presencia de mineras.

Para leer la misiva: aquí.  

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