jueves, 14 de febrero de 2019

SNC Lavalin: Una guía para entender el escándalo que sacude al gobierno Trudeau

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Canadá
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Jody-Wilson-Raybould-CanadaFoto: Captura de pantalla CBC

Ayer la gota rebasó el vaso, y la que fuera ministra de Justicia federal y luego ministra de Asuntos de los Veteranos, Jody Wilson-Raybould, se retiró definitivamente del gabinete de Justin Trudeau, dejando una estela de misterio sobre lo qué ha pasado realmente con ella, y si va hacer declaraciones reveladoras que pudieran hacer tambalear al gobierno federal.

Se trata de saber si recibió o no presiones de la oficina del Primer Ministro, para que influyera en el proceso que se le sigue a la empresa SNC-Lavalin.

De ser así se estaría hablando de «injerencia» en asuntos judiciales, que pueden acarrear consecuencias graves para el gobierno Trudeau.  

En su carta de renuncia, Jody Wilson-Raybould menciona que ha contratado los servicios del abogado Thomas Albert Cromwell, agregando más misterio al asunto. ¿Acaso se apresta a demandar al gobierno?, ¿acaso revelará los entretelones del asunto u otros?

Cromwell es, además, un antiguo magistrado de la Corte Suprema.

Hasta el momento, algunos expertos han expresado que la exministra no podría hacer ningún tipo de revelaciones sobre el caso Lavalin, porque estaría impedida por una especie de secreto profesional.

Por su parte, el Primer Ministro Justin Trudeau, tras la renuncia de la ministra expresó que se sentía «sorprendido» y «decepcionado» por la actitud de Jody Wilson-Raybould, y que su dimisión no era compatible con lo que habían venido hablando.

¿Por qué estas sutiles flechas cruzadas?

Debemos retroceder al 8 de febrero del 2019. Ese día el periódico Globe and Mail informó que, según fuentes cercanas al gobierno, la oficina del Primer Ministro habría intentado «influir» en Wilson-Raybould sobre el asunto de SNC-Lavalin.

Consultado, Justin Trudeau negó que la historia del Globe fuera cierta, y que nunca había «dirigido» a la ministra sobre ese asunto. La ministra por su parte se negó a dar comentarios al respecto, alegando conflicto de intereses.

Recientemente Wilson-Raybould dejó de ser ministra de justicia y Fiscal General, para convertirse en ministra de Asuntos de los Veteranos, lo que fue visto como una retrogradación y no del entero gusto de la ministra.

Reacciones de la oposición

Tras la renuncia de Jody Wilson-Raybould, algunos creen (o esperan) que el gobierno de Justin Trudeau pueda tambalearse, por las posibles declaraciones de la ministra. La oposición empuja el ventilador hacia el gobierno, para ver qué sucede.

Andrew Scheer, del Partido Conservador, habló de un cierto «caos» que reina en el gabinete liberal, y que el gobierno estaba «derrotado».

El Nouveau Parti démocratique (NPD), por intermedio de su líder Jagmeet Singh, dijo que, si el gobierno de Trudeau impide a la justicia «investigar», esto enviaría una señal peligrosa a los canadienses y al sistema democrático.

Y por su parte, el jefe del Bloc québecois, Yves-François Blanchet, manifestó que la crisis que sacude al gobierno es de la magnitud de la ineptitud del gobierno.

El origen de todo: la empresa SNC-Lavalin

No es la primera vez que la empresa SNC-Lavalin se ve implicada, en lo que en francés se le llama  les pots de vin; es decir la entrega clandestina de importantes sumas de dinero para obtener ventajas en la obtención de contratos.

En febrero del 2015, tras una investigación de la Policía Montada de Canadá se abrió a la empresa un proceso judicial por la entrega de millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Libia, a cambio de obtener contratos en ese país. Esto habría ocurrido entre el 2001 y 2011.

Actualmente, según las informaciones, la firma habría sido reconocida culpable por estas prácticas dudosas, lo que le podría traer consigo la prohibición de obtener contratos públicos durante 10 años, lo que significaría su posible desaparición del mercado y miles de personas se quedarían sin empleo.

Ante esta grave situación, la firma con sede en Montreal, y con actividades en todo el mundo, habría intentado un lobby ante el gobierno federal, alegando las posibles pérdidas de numerosos empleos en el país, y he aquí las consecuencias.

La posible opción sería un acuerdo fuera de la corte, en la que la empresa se comprometa a pagar una gran multa (algunos reportes señalan que podría ser de hasta 300 millones), además de someterse a un riguroso seguimiento por parte del gobierno, para demostrar que las malas prácticas serían cosa del pasado.

Esta opción es la que, según el reporte del Globe and Mail, habría sido privilegiada por el entorno del primer ministro Trudeau.

Víctor Hugo Ortiz
victor@noticiasmontreal.com

Economista de formación y periodista de vocación. Estudió en Chile, Perú y Venezuela. Trabajó en los periódicos La Gaceta y La Industria de Perú y colaboró para los diarios La Prensa de Perú ...

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